Cuando la ley laboral limita la jornada semanal a un máximo estricto de 20 horas, el Estado necesita mecanismos para hacerla cumplir. Se despliegan sistemas de fiscalización digital: monitoreo biométrico, plataformas que cruzan contratos entre empleadores, algoritmos que detectan cuántas horas trabaja cada persona y para quién. (OIT, 2025)
Lo que emerge no es la informalidad de siempre. Aquí la actividad es legal, el oficio es legal y muchas veces el contrato también lo es. Lo ilegal son las horas adicionales a la jornada permitida. Un contador que ya cumplió su cuota semanal sigue atendiendo clientes bajo el nombre de un colega. Una diseñadora factura sus horas adicionales a través de la cuenta de un familiar. Aparece un mercado donde lo que se transa no es un servicio, sino un cupo horario con identidades prestadas, credenciales de terceros, software que simula inactividad mientras la persona sigue trabajando. El antecedente existe, porque durante la pandemia circularon pases de movilidad falsificados a las pocas semanas de implementarse el sistema.
Quienes operan en ese circuito quedan sin cotización por esas horas, sin cobertura ante accidentes y sin instancia donde reclamar si no les pagan. Las empresas que respetan la norma compiten contra otras que acceden a trabajadores sin restricción horaria. Y el Estado enfrenta una tensión que no logra resolver: entre la libertad individual de trabajar lo que cada uno quiera y el objetivo colectivo de repartir el empleo disponible.